Por Staff
En Nuevo León, uno de los motores industriales de México, crece la tensión entre el gobierno y el sector productivo. Empresas con décadas de operación, como Zinc Nacional, Ternium, Vitro, Pyosa, Fundidora y Maquinados del Norte, Tranquilidad Integral en Residuos, y varias pedreras, han sido objeto de clausuras, sanciones o exigencias de reubicación. Aunque las autoridades justifican estas acciones como parte de una estrategia para proteger el medio ambiente y la salud pública, expertos advierten que podrían estar rebasando los límites jurisdiccionales y afectando la certidumbre jurídica de las inversiones.
En 2025, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León ha suspendido 65 empresas por presuntas violaciones a la normativa ambiental estatal, lo que ha generado controversia sobre si estas acciones invaden competencias federales.
DISTINTAS COMPETENCIAS
En México, las competencias entre autoridades federales y estatales en materia ambiental están definidas por la legislación vigente, principalmente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Esta ley establece que tanto la federación como los estados tienen facultades para regular y vigilar el cumplimiento de normas ambientales, aunque en distintos ámbitos.
En el caso específico de Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente estatal ha ejercido su facultad para suspender actividades de empresas que incumplen con la normativa ambiental local, como operar sin permisos estatales y actividades que afectan la calidad del aire.
IMPACTO SOCIAL
Pero el impacto va más allá de las multas: la reubicación forzada de plantas industriales implica consecuencias profundas. Muchos trabajadores viven cerca de sus centros de trabajo; mover las operaciones a zonas alejadas los obliga a recorrer largas distancias o incluso a renunciar. Además, en las nuevas ubicaciones, el talento local no siempre cuenta con las capacidades técnicas necesarias para operar procesos industriales complejos.
Lo que genera mayor inquietud es la percepción de un trato desigual. Mientras empresas privadas enfrentan clausuras inmediatas, Pemex, con miles de reportes de fugas y derrames, ha recibido apenas unas cuantas sanciones, muchas de ellas clasificadas como información reservada.
COEXISTENCIA ARMÓNICA
Sin embargo, existen ejemplos internacionales que demuestran que la industria y los centros urbanos pueden coexistir de forma armónica. Ciudades como Rotterdam, en los Países Bajos, o Yokohama, en Japón, han logrado integrar zonas industriales con áreas residenciales mediante una combinación de planeación urbana, monitoreo ambiental riguroso y una clara distribución de competencias entre niveles de gobierno.
México no es la excepción. Se debe exigir a las empresas el cumplimiento de normas ambientales, pero las sanciones deben aplicarse conforme a las atribuciones legales de cada orden de gobierno, municipal, estatal y federal, sin invadir competencias ni actuar con discrecionalidad. En un momento en que el país busca atraer inversiones estratégicas, es indispensable reconstruir la confianza entre gobierno y sector privado, y garantizar que las reglas del juego sean claras, justas y duraderas.
