Por Jorge Moreno
México presenta de manera consistente los indicadores de informalidad laboral más altos de la OCDE, con más del 50% de su fuerza laboral en empleos sin impuestos ni derechos sociales garantizados. Como consecuencia, también muestra los niveles de recaudación fiscal más bajos en relación con su PIB, con estimaciones menores al 18%, lo que evidencia un amplio margen para fortalecer la capacidad fiscalizadora del Estado.
En medio de esta dualidad surge la clase laboral formal: quienes pagamos impuestos de manera obligatoria y puntual, directos e indirectos. Somos el grupo cuyas contribuciones sostienen el aparato gubernamental y financian proyectos y programas sociales, pero sin recibir cuentas claras sobre el uso de esos recursos.
Cálculos de la carga fiscal efectiva que enfrentan los hogares de clase media muestran niveles de entre 35% y 40% del ingreso. Es decir, cuatro de cada diez pesos generados con nuestro trabajo son recolectados y, en el mejor escenario, devueltos en forma de gasto público sobre el cual no tenemos capacidad de decisión.
El delicado estado de las finanzas públicas, con el aumento de obligaciones derivadas de programas sociales (becas, pensiones y transferencias) y el crecimiento de la deuda, obliga a reflexionar sobre la transparencia en el uso de los recursos, la rentabilidad de proyectos y la escasa eficiencia de sus resultados, acompañada de una casi nula evaluación de impacto social.
Instituciones como Coneval ofrecían antes un marco metodológico pionero para evaluar programas públicos: objetivos, mecanismos, diseño, monitoreo e impacto. Era un primer mecanismo de rendición de cuentas sobre nuestros impuestos. Sin embargo, los recortes presupuestales y cambios institucionales derivados del combate a la corrupción han debilitado esta cultura de evaluación.
Perderla significaría retroceder en uno de los pocos mecanismos civiles que garantizaban transparencia y eficiencia en el uso de nuestros impuestos, fruto de nuestro trabajo y parte de un acuerdo social orientado a una comunidad más justa y equitativa.
Como recordó Margaret Thatcher: “No existe el dinero público; solo existe el dinero de los contribuyentes”.
Jorge O. Moreno es Doctor y Maestro en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es Profesor e Investigador de la Facultad de Economía de la UANL. jorge.o.moreno@gmail.com
