Por Nohemí López
En Nuevo León, la motocicleta ha dejado de ser solo un vehículo ágil y accesible. Hoy, está en el centro de un fenómeno que combina movilidad, economía popular y seguridad pública.
Su crecimiento exponencial está respaldado por cifras oficiales: entre 2019 y 2024, el padrón de licencias para motocicletas expedidas por el Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León, pasó de 101 mil 964 a 190 mil 631, lo que representa un aumento del 87%. El dato parcial de 2025 ya supera las 213 mil unidades al cierre de mayo, lo que anticipa una nueva expansión en el parque vehicular.
Este auge responde a factores estructurales. Carlos Martínez Ábrego, director general adjunto de Grupo Motomex, atribuye el fenómeno a dos causas principales: “El sistema de transporte público en México no es el más adecuado, y el ingreso per cápita limita la adquisición de automóviles”. Además, durante la pandemia, la motocicleta ganó terreno como alternativa individual de bajo riesgo frente al transporte colectivo, a la par que crecía la demanda del servicio de entregas a domicilio. La expansión del financiamiento también facilitó su adquisición.
Pero esta transformación tiene un reverso problemático. Según datos de seguridad pública, el 80% de los homicidios dolosos en la entidad involucran agresores que se desplazaban en motocicletas. Su maniobrabilidad y bajo perfil facilitan la evasión de autoridades, especialmente en municipios con alta densidad urbana como Monterrey, Escobedo y San Nicolás.
A esto se suma una brecha regulatoria. Muchas motocicletas circulan sin registro formal ante el ICV, lo que complica su trazabilidad en operativos o investigaciones. En respuesta, el gobierno estatal reformó la Ley de Movilidad para imponer requisitos técnicos y operativos, como luces direccionales, espejos, escape original, chalecos reflejantes, cascos certificados, y prohibiciones para llevar acompañantes o circular por zonas peatonales. Las multas superan los 16 mil pesos.
La experiencia internacional muestra resultados mixtos. En Bogotá, la restricción de doble pasajero masculino redujo los hurtos, aunque de forma temporal. En Perú y Panamá, medidas similares fueron retiradas por su escasa eficacia. Los expertos coinciden: estas acciones no desmantelan redes delictivas, pero sí dificultan la comisión del delito.
Nuevo León enfrenta un dilema complejo. La motocicleta es símbolo de eficiencia y movilidad popular, pero también vehículo del crimen. Regular su uso no es castigo, sino una estrategia para recuperar el control sobre un fenómeno urbano que exige respuestas integradas.
