Por Staff
Durante el primer trimestre de 2025, el estado de Nuevo León registró una disminución del 27.70% en tomas clandestinas de hidrocarburo, al pasar de 213 casos en 2024 a 154 incidentes este año, según datos de PEMEX analizados por IGAVIM Observatorio Ciudadano.
Esta reducción posiciona a la entidad como una de las que muestra tendencia positiva, aunque continúa entre las seis con mayor número de casos a nivel nacional.
UNA TOMA CADA 14 HRS
En frecuencia, se identificó una toma cada 14 horas con 13 minutos, mejorando frente a las 10 horas con 17 minutos de 2024. A pesar del descenso general, municipios como Santa Catarina y García presentaron repuntes significativos. El primero duplicó sus registros, pasando de 30 a 54 tomas, y el segundo aumentó de 17 a 34 casos. En contraste, General Bravo reflejó una caída considerable, al pasar de 73 tomas a menos de 10.
Nuevo León se mantuvo sin registros en tomas de gas LP durante ambos periodos, lo que lo ubica como uno de los estados con menor exposición en este tipo de delito, a diferencia de entidades como Puebla, Veracruz y Tlaxcala.
A escala nacional, se identificó una toma cada 53 minutos con 46 segundos en 2025, frente a 43 minutos con 16 segundos en 2024. Aunque la frecuencia disminuyó, el volumen se mantiene elevado, con concentración en estados como Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas.
COMPLEJIDAD
La lectura comparativa revela un escenario complejo. Nuevo León muestra avances operativos, pero también enfrenta una redistribución territorial del delito. El traslado de incidencias hacia zonas urbanas como Santa Catarina sugiere que las redes criminales han adaptado sus dinámicas a contextos de mayor demanda y menor vigilancia.
Este fenómeno responde a causas estructurales que van más allá de las tomas visibles. El huachicol sigue representando pérdidas multimillonarias para Pemex, fomenta economías paralelas y debilita el Estado de derecho. Aunque el número de tomas puede ser menor, el papel logístico de Nuevo León en el trasiego y comercialización ilegal sigue vigente y requiere vigilancia interinstitucional, trazabilidad del combustible y cooperación regional.
