Por Nohemí López
La propuesta de reducir la jornada laboral en México debe considerar la realidad operativa de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que una implementación rígida podría comprometer su viabilidad y fomentar la informalidad, advirtió Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Monterrey.
“El trabajo digno no se decreta, se construye con productividad, condiciones reales y políticas que respalden el crecimiento de cada sector”.
Añadió que se estima que más del 70% de los negocios en Monterrey y su área metropolitana operan con menos de cinco empleados, por lo que una reforma sin medidas complementarias implicaría costos laborales difíciles de asumir, reducción de horarios o incluso despidos.
Aunque Nuevo León es una de las entidades con menor informalidad, casi 38% de sus trabajadores aún operan sin acceso a seguridad social, financiamiento o estabilidad legal. A nivel nacional, más de 32.7 millones de personas laboran en la economía informal, lo que representa más del 55% de la población ocupada.
Domínguez Estrada mencionó que la Canacope Monterrey, respaldada por Concanaco Servytur México y Canacintra, propuso medidas para mitigar el impacto en las mipymes como la simplificación administrativa, incentivos fiscales y financieros, subsidios al empleo, financiamiento preferencial y campañas de impulso al consumo interno.
“Estamos aquí para que el cambio funcione, no para frenarlo”, dijo Domínguez, quien reiteró que una reforma laboral efectiva debe fortalecer la formalidad, la competitividad y el bienestar social.
