De acuerdo con un especialista, no se realizaron consultas a la población de comunidades indígenas, ni personas con discapacidad, legislando sobre
sus derechos sin que estos hayan sido escuchados.
La Nueva Constitución, presumida por el gobernador Samuel García Sepúlveda, sólo modifica la redacción del texto, pero sin cambiar el fondo integral de la Carta Magna que está en vigor.
Presumida por el gobernador Samuel García Sepúlveda como una Nueva Constitución Política para el Estado, el proyecto de reforma integral ni es original, ni es moderna, y deja fuera garantías individuales ya reconocidas a las mujeres.
En la iniciativa se pasa de 153 a 223 artículos, pero más del 80 por ciento son artículos reciclados de la Constitución de 1917. Y 33 de ellos son copiados casi de manera íntegra de la aplicada en Ciudad de México.
Lo más grave es que los diputados de todos los partidos representados en el Congreso vuelven a restringir derechos ya reconocidos a la mujer a nivel federal, como el decidir la interrupción del embarazo, o la equidad de género en puestos de elección popular.
Tanto los diputados como Samuel García excluyeron legislar por la paridad total, lo que deja a las mujeres sin la innovación y actualización anunciadas, pese a que desde el 2019 se halla establecida en la Constitución federal como un derecho inalienable.
El especialista en derecho constitucional, Bruno Carrillo, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consideró el nuevo documento como de avanzada, pero en su elaboración no se realizaron consultas a la población de comunidades indígenas, ni personas con discapacidad, legislando sobre sus derechos sin que estos hayan sido escuchados.
Para evitar existen conflictos de interés legales, ya que las autoridades que promueven esta iniciativa, el Congreso, el gobernador e incluso, el Poder Judicial, se beneficiarán de su aprobación, se decidió por la fórmula de una reforma integral sin convocar a la integración de un órgano Constituyente con representación de toda la sociedad, lo que sí se dio en la CDMX y recientemente en Jalisco, estado como el de Nuevo León, gobernado por un militante de Movimiento Ciudadano.
Al copiar y pegar, los redactores se saltaron temas de reciente incorporación como el proceso penal acusatorio, omitieron los derechos de las personas imputadas, incluso no se habla de la presunción de inocencia como sí lo hace la Constitución vigente.
Estas muchas otras omisiones irán saliendo a la luz pública conforme se hagan los conversatorios y foros públicos para perfeccionar o parchar la Nueva Constitución para Nuevo León, que empezará a tener vigencia el 1 de enero del 2023.