Gobiernos deben regularlos: fijar tarifas máximas, exigir seguridad, transparencia, cumplimiento legal y sancionar abusos en espacios privados.
En Monterrey, estacionarse se ha convertido en un lujo disfrazado de necesidad. Lo que debería ser un servicio complementario se ha transformado en un negocio opaco, ilegal, abusivo e impune.
La mayoría de los centros comerciales, hospitales, universidades privadas, centros de espectáculos y deportivos, restaurantes, incluso templos religiosos y zonas turísticas, cobran tarifas que rivalizan con las de ciudades como Nueva York o Tokio, sin ofrecer ni seguridad ni infraestructura adecuada.
¿Cómo justificar 30, 40 pesos o más por hora en un lote o espacio sin vigilancia, y en muchos casos sin techado? El colmo: en la mayoría de estos lugares hay leyendas pintadas o colgadas que advierten que la empresa no se hace responsable por daños o robos al vehículo.
El cobro no guarda relación con el servicio, sino con la oportunidad de lucrar con la necesidad. La ausencia de una normativa clara permite que empresas privadas o particulares impongan condiciones arbitrarias: tarifas sin tope, cobros por pérdida de ticket aunque se presente evidencia del consumo, y cláusulas abusivas que eximen al operador de cualquier responsabilidad.
¿Dónde queda el papel del municipio como garante del bienestar ciudadano?
Algunos establecimientos ofrecen estacionamiento “gratis” si se realiza un consumo mínimo. Pero esta práctica, lejos de ser un beneficio, se convierte en una trampa: obliga al consumidor a gastar más de lo planeado o pagar tarifas elevadas si no cumple con el monto. Es una forma encubierta de condicionar el acceso al espacio público.
Es urgente que los gobiernos municipal y estatal regulen el cobro de estacionamientos, establezcan tarifas máximas, obliguen a ofrecer condiciones mínimas de seguridad y transparencia, cumplan con la ley que exige estacionamientos en centros comerciales, hoteles, restaurantes o centros de espectáculos, y sancionen prácticas abusivas.
El espacio urbano no debe ser rehén de intereses privados. Estacionarse no debería sentirse como pagar rescate. Es hora de devolverle al ciudadano el control sobre su ciudad.
