Combustible ilegal circula como fuego oculto, alimentado por impunidad, empresas fantasmas y fallas estructurales en vigilancia aduanal y fiscalización
Por Staff
En México, el término “huachicol” evoca imágenes de tomas clandestinas en ductos de Pemex. Pero existe una modalidad más sofisticada y silenciosa: el huachicol fiscal, una práctica que combina contrabando, evasión de impuestos y corrupción institucional para introducir combustibles al país sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. A diferencia del robo físico de combustible, esta modalidad opera en los márgenes del sistema fiscal y comercial, afectando directamente la recaudación pública y la competencia formal.
El huachicol fiscal consiste en la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos, simulando operaciones legales mediante documentación falsa, empresas fachadas y manipulación aduanal. Las investigaciones recientes han documentado una ruta compleja que inicia con el traslado ilegal de crudo mexicano a Estados Unidos, donde intermediarios lo legalizan y lo venden a refinerías en Texas. Posteriormente, el combustible regresa a México con etiquetas falsas o como productos exentos de IEPS. Para ingresar al país, se utilizan empresas fachada y documentación alterada, y finalmente se distribuye en gasolineras mexicanas como si fuera legítimo.
REDES DE ALTO CALIBRE
Las redes del huachicol fiscal involucran a empresarios y comercializadores que simulan operaciones con facturas falsas, funcionarios aduanales y militares que facilitan el ingreso del producto, cárteles del crimen organizado que operan la logística transfronteriza y el lavado de activos, y estaciones de servicio que venden combustible a precios de ganga, compitiendo deslealmente con el mercado formal.
Aunque esta práctica existe desde hace más de una década, su sofisticación y escala han aumentado desde 2018, año que marcó un giro en la política energética nacional. El gobierno entrante frenó la apertura del sector, argumentando corrupción y prometiendo “poner orden”. Sin embargo, este bloqueo dejó vacíos normativos y operativos que reconfiguraron el mercado sin eliminar sus incentivos ilegales.
Como sucede con muchas prohibiciones, la demanda no desaparece, pero se canaliza por vías opacas. En este caso, el combustible sigue siendo necesario, y los márgenes de ganancia al evadir el IEPS son tan altos que justifican el riesgo. El resultado es un mercado negro que no solo evade impuestos, sino que compite deslealmente con el sector formal, vulnera la trazabilidad del producto y erosiona la capacidad del Estado para regular y recaudar.
COMBATE FRONTAL
Para César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, el combate al huachicol fiscal debe ser frontal y coordinado. Recientemente advirtió que “el huachicol no solo es robo, es evasión fiscal, es competencia desleal, es corrupción institucional”. Y agrega: “Si no se castiga con fuerza, el mercado legal seguirá perdiendo terreno frente a quienes operan en la sombra”. Su llamado desde el sector energético industrial refuerza la urgencia de blindar las aduanas, revisar permisos y recuperar la trazabilidad del combustible.
Este fenómeno ocurre en un entorno institucional debilitado. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México ocupa el último lugar entre los 38 países de la OCDE, con apenas 26 puntos de 100 posibles. A nivel global, se ubica en la posición 140 de 180 países evaluados, su peor calificación histórica. Esta percepción de impunidad y corrupción estructural explica por qué redes como el huachicol fiscal pueden operar con tal profundidad y permanencia.
Erradicar el huachicol fiscal no es solo una tarea técnica o judicial, es una prueba de Estado. Implica reconstruir la confianza en las instituciones, cerrar los márgenes de impunidad y garantizar que cada litro de combustible que cruza la frontera contribuya al desarrollo nacional. Mientras el mercado negro siga siendo más rentable que el cumplimiento legal, la evasión será la norma y no la excepción. El reto no es menor, se trata de recuperar el control sobre una de las arterias económicas del país y de demostrar que la legalidad puede ser más eficiente que el fraude.
