Por: Mario Alberto Palacios
Tras una serie de rounds en la escena política, entre el gobernador Samuel García Sepúlveda con los grupos legislativos del PAN, PRI y Morena por controlar el presupuesto y leyes hacendarias, el ejecutivo inicia el 2023 condicionado en mantener las paces con el legislativo, que le permita dar viabilidad a programas sociales y proyectos de obra pública de la administración estatal.
El mandatario emecista decidió hacer acuerdos con la oposición a la usanza de la “vieja política”, en temas como
reformas constitucionales en materia hacendaria, vigilancia presupuestaria y la designación de funcionarios en la Secretaría de Finanzas y Tesorería.
Si bien el Legislativo le condicionó los viajes personales y oficiales, está por definirse el proceso para la revocación de su mandato, medida que los diputados de Movimiento Ciudadano pretendieron no impusiera, y que Samuel García vetó.
PELEA CON VARIOS ASALTOS
En diciembre de 2021 los legisladores aprobaron el proyecto de presupuesto presentado por García Sepúlveda en su primer año de gestión. Para el 2023, la propuesta inicial era condicionar el reparto de casi 25 mil millones de pesos el gasto público, por lo cual el gobernador depende del visto bueno del Congreso.
De igual manera, el legislativo local decidió presentar una controversia constitucional, o de inconstitucionalidad en los ámbitos estatal y federal, en
contra del Poder Ejecutivo y el tesorero, por omitir presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023, en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política del estado.
También, el Poder Legislativo impuso condiciones a Samuel García para salir del país, al reformar en primera vuelta el artículo 120 de la Constitución del estado, ya que no puede ausentarse de Nuevo León por más de treinta días naturales sin autorización del Congreso.
Por ello, se aprobó que cuando el gobernador se ausente del estado por un término mayor de tres días naturales y menor de treinta, deberá dar aviso al Congreso o a la diputación permanente. En caso de viajes oficiales, deberá acompañar a su solicitud la agenda de trabajo y presentar un informe de los resultados obtenidos en sus gestiones.
En la reforma a la Ley de Participación Ciudadana, en materia de revocación de mandato, se determinó que esta procedería en 2025 al cumplirse cuatro años de gestión, siendo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el que promueva las consultas populares como única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
Dicha iniciativa fue vetada por García Sepúlveda en enero de este año. Otra acción que limita al gobernador fue la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria, para incrementar de 20 a 30 por ciento los fondos federales para los 51 municipios, impidiéndole ejercer de manera discrecional unos 25 mil millones de pesos previstos para este 2023.
El golpe más duro del Legislativo al Ejecutivo fue sin duda la reforma al artículo 9 Bis 2 y Bis 3 de la Ley de Hacienda del estado, en la cual se establece que la subsecretaría de Administración Tributaria estará a cargo de un subsecretario, designado por el Congreso del estado a propuesta del gobernador.
La aprobación del titular se hará previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de, cuando menos, las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.
Este órgano es considerado como un arma por parte del gobierno para perseguir a adversarios, o bien, para ejercer terrorismo fiscal. Sin embargo, estas modificaciones aún están en el aire y se cuelgan con “pincitas” tras las negociaciones.
Ahora, bajo la injerencia de los diputados, se busca impedir abusos y excesos, limitándose la subsecretaría de Administración Tributaria sólo a ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, verificaciones y todos los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia fiscal.
Aunque condicionado su presupuesto, el gobierno de Samuel García ya no tendrá pretextos para dar los resultados esperados en materia de obra pública y proyectos emblemáticos, como las líneas 4, 5 y 6 del Metro, el tren suburbano y dos supercarreteras, además de los programas sociales pendientes de ejecutar.
