Por Mario Alberto Palacios
La presidencia del Poder Judicial del Estado solicitó al Congreso de Nuevo León un presupuesto superior a tres mil 500 millones de pesos (mdp) para sus operaciones en 2025.
Arturo Salinas Garza, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, informó que, en comparación con los recursos ejercidos en 2024, el aumento solicitado para el próximo año es del 32 por ciento.
Salinas Garza entregó el documento de solicitud en la Oficialía de Partes, donde fue recibido por la presidenta del Congreso, diputada Lorena de la Garza Venecia, y los diputados Heriberto Treviño Cantú, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Javier Caballero Gaona y Myrna Isela Grimaldo Iracheta.
En el documento se detallan las necesidades presupuestales del Poder Judicial para el ejercicio 2025, que ascienden a tres mil 600 millones de pesos (mdp), incluyendo proyectos que no se realizaron por falta de presupuesto en 2024.
Salinas Garza explicó que el documento describe proyectos y necesidades frenados debido a la falta de aprobación del presupuesto de 2024.
“En 2024 no hubo presupuesto porque el Ejecutivo no lo presentó, por lo que operamos con el presupuesto de 2023, lo que generó varios retos en la administración de justicia y del Poder Judicial”, señaló.
El Poder Judicial prevé destinar el 86.98 por ciento del presupuesto a servicios personales, salarios, aguinaldos y prestaciones sociales.
Dado que el presupuesto 2024 se basó en el de 2023, se vio comprometida la capacidad para garantizar justicia expedita.
Además, el Poder Judicial enfrenta un déficit de 339 vacantes, equivalente al 12 por ciento de sus plazas. En 2024 se generaron 80 vacantes, mientras que el volumen de asuntos creció un 10 por ciento, lo que afectó el desempeño en un 22 por ciento y limitó los servicios a la ciudadanía.
La alta asignación de recursos a nómina impide cubrir las vacantes actuales.
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