Por Raúl Cantú
Las recientemente aprobadas Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, junto con las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, abren la puerta para que las autoridades accedan a datos personales de los ciudadanos, incluso sin necesidad de solicitar la intervención de un juez, además de poner en riesgo su integridad física o la de una empresa.
La también conocida coloquialmente como “Ley Espía” fue creada para ampliar las facultades de investigación de la Sedena y la Guardia Nacional. Asimismo, permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Centro Nacional de Inteligencia acceder a datos personales, biométricos, telefónicos, fiscales, de salud, entre otros, sin que quede explícitamente establecido en cuáles de estos casos es obligatoria la intervención judicial.
CENTRALIZACIÓN EXCESIVA
Uno de los mayores riesgos radica en la excesiva centralización de la información en manos de las autoridades, sin contrapesos para su regulación, como lo era el extinto INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información). Esta concentración de poder puede ser utilizada para perseguir a políticos o periodistas ajenos a la línea oficial. Además, dada la experiencia del gobierno mexicano, como lo evidencian el hackeo a la Sedena (Guacamaya Leaks), la venta de bases de datos del INE, o los ataques al SAT, el blindaje podría ser insuficiente, provocando la circulación de información sensible de la ciudadanía, especialmente aquella de carácter financiero y fiscal, lo que podría derivar en un aumento de secuestros o extorsiones.
Otros elementos aprobados, como la obligatoriedad de la CURP biométrica, también implican riesgos operacionales, debido a posibles fallas en el sistema que impedirían la conclusión de trámites ante las autoridades. En ciertos casos, ello podría incluso inhibir el crecimiento de la telefonía móvil, especialmente en zonas rurales y marginadas que carecen de la infraestructura necesaria para implementar dicho programa.
Aunque el Gobierno Federal ha garantizado que se respetarán las disposiciones jurídicas, ello no quedó claramente establecido en las nuevas leyes.