Mario Alberto Palacios
Con el voto mayoritario de diputados del PAN y PRI, la comisión de Puntos Constitucionales aprobó un proyecto para reformar la Constitución de Nuevo León, en la que se eliminaría la participación del gobernador en el nombramiento del Fiscal de Justicia.
Incluso, en la propuesta se establecería una moción para que el Poder Legislativo tenga facultades totales para destituir al gobernador y a los integrantes del gabinete estatal.
Diputados de Movimiento Ciudadano protestaron y votaron en contra de estás reformas, al considerarlas ilegales, inconstitucionales y violatorias de la independencia de los Poderes, en este caso el Ejecutivo representado por el gobernador Samuel García.
En el dictamen, el cual había sido aprobado en una primera votación o “vuelta constitucional” en diciembre pasado, se le hicieron diversos ajustes mediante una reserva planteada por el panista Félix Rocha, para establecer que la Fiscalía General de Justicia será la única competente del Estado para generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial de las personas físicas y morales, que conlleve a la investigación de hechos presumiblemente ilícitos.
Esta medida en la práctica dejar sin facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), que pertenece a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.
Los cambios propuestos a la Constitución, y que deberán ser aprobados cuando menos 28 de los 42 diputados locales, da facultades al Congreso no sólo para designar, a propuesta del Ejecutivo, al Tesorero y al Secretario General de Gobierno, sino también al personal de segundo nivel de esas áreas.
“Son facultades del Congreso… Ejercer moción de censura para destituir, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a uno o varios Secretarios de Estado o a la totalidad del Gabinete”, se incluyó en la fracción 54 del artículo 96.
Otro de los puntos relevantes del citado artículo es la facultad del Congreso para crear la Ley de Gobierno de Coalición Local, a fin de que se “determinen las reglas mínimas para reglamentar la unión del partido en el Gobierno con uno o más partidos políticos cuya suma alcance una representación mayoritaria en el Congreso del Estado, convocados de manera expresa por el Gobernador del Estado o por los dirigentes partidistas, para elaborar y establecer el compromiso de impulsar conjuntamente un programa de gobierno compartido”.
Este miércoles se someterá al pleno el dictamen para su posible aprobación.
