Mario Alberto Palacios
Monterrey, N.L.- El Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, Armando Barajas García, determinó de manera indebida a Blanca Ballesteros Almaguer de incumplir la medida cautelar de resguardo domiciliario con el fin de regresarla a prisión.
La intención es, según denunciantes, generar presión en el juicio que enfrenta junto con su esposo, el empresario regiomontano Fernando Pablo Villarreal Cantú.
De acuerdo a un peritaje técnico, se desecharon las pruebas para revertir la libertad condicional a la acusada, al revisar la manipulación de videos de seguridad según determinó el informe de la Unidad de revisión de Medidas Cautelares (UMECA), afirmó el abogado Samuel Rubio Fernández, defensor del matrimonio.
“La autoridad le está fabricando el presunto incumplimiento a la señora Ballesteros”, acusó Rubio.
Tanto el empresario Villarreal Cantú como su esposa, Ballesteros Almaguer, enfrentan en resguardo domiciliario un juicio desde diciembre por acusaciones de sus socios minoritarios en el grupo de parques industriales Desarrollo Logistik ubicado en San Luis Potosí.
El abogado indicó que en una audiencia a la que citó el Juez Barajas este pasado viernes 16 de febrero —que duró de las 9:30 horas hasta las 18:30 horas, por un reporte de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Nuevo León, de presunto incumplimiento de la medida cautelar del resguardo domiciliario de la señora Ballesteros, quien se encontraba bañándose cuando llegó la visitadora y esta última no la esperó ni siete minutos.
Cuando se le enteró esta situación— se le mostraron videos avalados en su autenticidad por un perito adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que muestran a la señora llegar corriendo del interior de la casa a la puerta del domicilio apenas 56 segundos después que la supervisora de visita se retiró de dicha entrada.
“La misma supervisora informa en su reporte que llegó al domicilio a las 12:24 horas del 24 de enero del 2024 a verificar el cumplimiento de la medida cautelar de ambas personas; que la atendió el señor Villarreal Cantú; que le informó que su esposa se estaba bañando.
“Que esperó y se retiró a las 12:37 horas sin ser atendida por la señora, es decir, sólo unos minutos después que se le informó la situación en que estaba la señora; y en el video se demuestra que unos segundos después de partir en su auto, la señora llega a la puerta corriendo. El Juez Barajas no consideró esto suficiente, lo que es inadmisible”, subrayó Rubio.
“Tanto el comportamiento de la oficial de la Unidad de Medidas Cautelares al concluir que la señora incumplió con la medida cautelar al esperar sólo unos minutos a que saliera mi dedendida, siendo que se le informó que se estaba bañando, y al señalar que no logró observarla en el interior del domicilio, como también el comportamiento del Juez Barajas concluyendo lo mismo al desechar las pruebas de los videos y reportando la supuesta falta al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León.
De esta manera se muestran que la autoridad está fabricando pruebas para retirar dicha medida cautelar a la señora para regresarla al penal y, con esto, generar presión a la familia Villarreal Ballesteros en el juicio de Desarrollo Logistik”, señaló Rubio.
En la audiencia, el Juez de Control, no obstante que el matrimonio son adultos mayores y que la defensa pidió al Juez hacer un receso para alimentarse, en su afán de decretar el incumplimiento, nunca les permitió tomar alimentos.
Rubio agregó que al final de la audiencia de 9 horas, la noche de este pasado viernes la señora Ballesteros sufrió una descompensación por ser adulto mayor, por el estrés y por la gran cantidad de horas sin alimentos, y se desvaneció, por lo que la internaron de emergencia en el Hospital Zambrano Hellion en el municipio de San Pedro Garza García.
“El Juez de Control está actuando parcialmente para favorecer al grupo minoritario de San Luis Potosí, cobijado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, José Arturo Salinas Garza, quien es socio de José Luis Salas Cacho, operador panista regiomontano y parte del grupo de socios minoritarios de Desarrollo Logistik que levantó la demanda contra la pareja”, indicó el abogado.