Mario Alberto Palacios
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron ante Congreso del Estado a diversos directivos de la delegación regional por actos de corrupción, abuso de autoridad y falta de medicamentos.
Dos altos funcionarios del IMSS han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos y compras de medicamentos a sobrecostos, sin licitaciones y en cantidades excesivas para justificar compras millonarias.
La denuncia, presentada por el activista Pedro Alejo Rodríguez, señala a Mauricio Humberto Zebadúa Santos, titular de servicios administrativos del IMSS en Nuevo León, y a Tonatiuh Ortiz Castillo, titular del órgano de operación administrativa del IMSS, como los principales responsables de estas irregularidades.
Según la denuncia, los funcionarios habrían estado adquiriendo medicamentos a precios inflados en Nuevo León, sin seguir los procesos de licitación obligatorios.
Estas compras no solo se realizaron a sobrecostos, sino que también se efectuaron en cantidades muy superiores al promedio de consumo mensual, lo que ha levantado serias sospechas de desvío de recursos.
Abraham Gerónimo Villarreal Soto, ex coordinador de abastecimiento del IMSS, también ha sido señalado como parte de este esquema de corrupción.
Aunque ya no ocupa su cargo, su participación en la adquisición de estos medicamentos bajo estas condiciones ha sido destacada en la denuncia, que lo ubica como una pieza clave en la operación.
El activista Pedro Alejo Rodríguez ha solicitado a la FGR que, además de investigar a los funcionarios locales, se incluya en la investigación a Zoé Robledo, director general del IMSS. Rodríguez argumenta que es improbable que estas acciones se hayan llevado a cabo sin el conocimiento y consentimiento de la máxima autoridad de la institución a nivel nacional.
Rodríguez ha subrayado la gravedad de la situación, indicando que el impacto de estos desvíos y compras fraudulentas repercute directamente en la calidad y disponibilidad de servicios médicos para la población.
Asimismo, ha exigido que se realice una auditoría exhaustiva para determinar el alcance total de las irregularidades y que se finquen las responsabilidades correspondientes.
La denuncia ha generado una oleada de indignación y ha puesto en el centro del debate la necesidad de mayor transparencia y control en la gestión de los recursos públicos destinados a la salud.
La respuesta de las autoridades y la celeridad con la que se lleve a cabo la investigación serán determinantes para restaurar la confianza en el sistema de salud.