Mario Alberto Palacios
En el marco de un Conversatorio sobre Juicios Políticos, integrantes de Colegios y Barras de Aboga de Nuevo León prioritario redefinir la procedencia y aplicación de los juicios políticos, a fin de que estos sigan siendo el mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a los abusos del Poder público.
En este intercambio de reflexiones celebrado en la Facultad Libre de Derecho se discutió la validez jurídica, ética y moral de que los integrantes del Congreso del Estado sean tanto juez y parte en peticiones de juicios políticos que han incluso llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El secretario General de Gobierno, Javier Navarro, cuestionó la forma en que los diputados locales aplicaron de manera sesgada la aplicación y procedencia de la figura de juicio político, al existir claros vicios legales y conflicto de intereses.
El también abogado y catedrático universitario hizo referencia al juicio político al que fue sometido por los legisladores locales, quienes al tener mayoría de votos con dos grupos de partidos políticos, lo sometió al proceso el cual después fue desechado por instancias judiciales federales.
“Había claro conflicto de interés al ser ellos militantes de un partido político, el PAN quien su presidente promovió el juicio en representación de un ente que no es reconocido como ciudadano, y ellos acabaron una decisión con un claro interés partidista”.
Es ahí, dijo Navarro donde se tergiversa la razón jurídica de la existencia del juicio político, ya que los diputados no sólo han sido omisos sino que han impedido que procedan cuando menos para ser rechazados por el pleno, varios juicios políticos en contra del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas Salinas.
“Salinas no solo violó la Constitución Política de Nuevo León, sino puso en riesgo la autonomía del Poder Judicial al aceptar y rendir protesta de manera espuria e ilegal, como gobernador interino cuando estaba impedido por ley para hacerlo. Pero los diputados han bloqueado todo intento legal de que se finque juicio político al ser de su mismo partido”, expuso Navarro.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, David Rodríguez Calderón señaló que los Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados están atentos al trámite y la solución que debe darse a los juicios políticos que se han promovido en el Estado; ya que al menos uno de ellos escaló en su tramitación hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que es preocupante la situación de contraste y controversia que impera entre los tres Poderes en el Estado, respecto a la forma en que se deben conducir los destinos de Nuevo León; pues ello afecta sobremanera el Estado de Derecho y la Gobernabilidad que debe regir la marcha de la actividad estatal.
