Mario Alberto Palacios
Monterrey, NL,- Con un expediente que abarca más de cuatro mil fojas, más de 500 interrogatorios, decenas de cateos y revisiones de viviendas y tres autopsias realizadas por expertos nacionales e internacionales, la muerte por asfixia de la joven Debanhí Escobar sigue sin ser esclarecida.
Aun y con la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso de llegar a la verdad absoluta del feminicidio ocurrido el 8 de abril del 2022 en el Motel Nueva Castilla de General Escobedo, no se ha logrado la aprehensión y enjuiciamiento del o los responsables.
NI detenidos. Ni presuntos sospechosos. Pareciera que nadie supo, nadie vio nada. Nadie es culpable.
Teorías y complots van y vienen en el imaginario popular, desde una red de trata de blancas, actividades ligadas al narcotráfico, la presunción de que funcionarios públicos y políticos ligados a Movimiento Ciudadano, el PRI o Morena están involucrados en la muerte de la joven de 18 años forman parte de la leyenda urbana en torno a este feminicidio que recorrió el mundo.
Los únicos resultados tangibles hasta ahora son la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, la destitución de dos fiscales especializados, uno en desaparición de personas y otro en Secuestros junto con una docena de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones por entorpecer las indagatorias y presuntos actos de corrupción en torno al caso.
Estos exservidores públicos no fueron vinculados a proceso judicial alguno, pese a que incurrieron en diversos delitos, cobijándolos el manto de la impunidad.
La Fiscalía General de Justicia si obtuvo la vinculación a proceso judicial de dos empleadas del Motel Nueva Castilla, lugar del crimen, por negarse a proporcionar las videograbaciones de seguridad. Y hasta ahí.
Tampoco ha fructificado la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, ni que la Fiscalía General de la República atrajera a su esfera de acción la carpeta de investigación.
La intervención federal desacredito al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de estatal por elaborar una autopsia plagada de errores, en la que estableció como causal de la muerte asfixia por inmersión en una cisterna del motel, sin hacer referencia a los golpes contusos y mortales detectados en el cráneo y rostro de la víctima, los cuales fueron causados en vida.
La intervención inicial del gobernador Samuel García en el caso, con sus declaraciones en redes sociales y su exigencia de esclarecer la muerte de Debanhí, aunado al encono ciudadano y de grupos feministas por el manoseo político del feminicidio, en poco o nada ayudaron a resolver el caso, entrampando el caso por la disputa en la designación del nuevo fiscal por parte del Congreso.
Aunque López Obrador anunció que se buscaría a la brevedad dar con los culpables, con el correr de los meses Debanhí Escobar dejó de ser parte de la agenda presidencial, hasta casi ser olvidada.
Quienes no la olvidan, son sus padres Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, junto a grupos feministas que retomarán este crimen como exigencia para que ya no ocurran más feminicidios ni desapariciones de jóvenes, niñas y mujeres en Nuevo León.
