ESTIMAN QUE TRAFICAN A MÁS DE 15 MIL PERSONAS DE CENTRO Y SUDAMÉRICA PARA CRUZARLAS A ESTADOS UNIDOS.
Sin tener Nuevo León frontera directa con Estados Unidos, la zona metropolitana de Monterrey es centro operativo de redes de traficantes de personas indocumentadas, con un estimado de 15 mil personas procedentes de Centroamérica y Sudamérica.
Con cobros que van de dos mil a cinco mil dólares por persona para el traslado desde el sur de México hasta Texas, se estima que las ganancias de estos grupos superan los 75 millones de dólares por mes, refieren legisladores federales del Partido Acción Nacional; Héctor Castillo y Víctor Pérez Díaz Salazar.
“Sólo existe una política militarista policial por parte del gobierno de López Obrador para reprimir a estos grupos sociales, y no hay ninguna acción concreta para detener que las bandas de traficantes de personas continúen sus actividades”, agrega Díaz Salazar.
La Sultana del Norte es idónea para las actividades de estos grupos criminales: una extensa red de carreteras, líneas de transporte público y de alquiler, una amplia infraestructura hotelera y miles de casas abandonadas, explica el sacerdote Felipe de Jesús Sánchez.
El director de la Casa INDI, que alberga día a día a cientos de migrantes indocumentados, detalla que el tráfico de personas genera cuantiosos ingresos a estas bandas, los cuales violentan la dignidad de las personas.
Hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, beliceños, y ahora haitianos sin olvidar a los miles de mexicanos procedentes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, el flujo migratorio es constante.
“Monterrey es tierra de polleros, quienes les cobran a estas familias grandes cantidades de dinero, ya sea aquí o bien desde sus países de origen, para trasladarlos a través de México y de nuestro estado”, señala Katty Cavazos, psicóloga y quien desde hace ocho años brinda apoyo social y legal a indocumentados.
Pese a los arrestos recurrentes de traficantes o tratantes de personas, las redes de polleros siguen activas, sin que la autoridad pueda desmantelarlas y acabar con ellas.
El flujo inmigrante seguirá constante su paso por tierras regias, explica el diputado Víctor Pérez, del PAN, al mencionar que el gobierno federal carece de una política específica para atenderlo y brindarle una solución integral al problema.
