Es un hecho: la deuda pública de México se ha incrementado de forma importante en los últimos años. Como lo he señalado en este espacio, la deuda es, en general, un mecanismo económico necesario para proveer liquidez, y no es su contracción lo que la hace “mala”, sino el uso que se le dé a los recursos. Si se destina a inversión pública orientada al fortalecimiento del capital humano y físico, es incluso deseable. Pero cuando los recursos se emplean para mantener el statu quo de proyectos públicos no rentables y políticas de transferencias incondicionales, la historia puede ser muy distinta, pues podrían terminar desplazando incluso los incentivos a la inversión privada, tal como lo muestran los datos más recientes.
La relación entre el crecimiento de la deuda pública federal y la desaceleración de la inversión nacional en México durante la última década exige una lectura técnica y basada en evidencia. A partir de datos oficiales y análisis internacionales, se observan dos hechos empíricos que deben guiar cualquier interpretación: la proporción de deuda pública respecto al PIB ha aumentado en años recientes, y la inversión, medida por la formación bruta de capital fijo, ha mostrado variaciones que, en varios tramos, han quedado por debajo de lo necesario para elevar el crecimiento potencial.
Desde la óptica de las finanzas públicas, el aumento del stock de deuda y del costo financiero del servicio de la deuda reduce el espacio fiscal. México registró incrementos notables en su endeudamiento público en 2023–2024, con estimaciones que sitúan el cociente deuda/PIB varios puntos por encima de niveles recientes, lo que presiona las necesidades de financiamiento del sector público. Estas cifras están documentadas en los informes oficiales y en análisis de mercado.
Por el lado de la inversión, las estadísticas de INEGI y los indicadores de Banxico muestran que la formación bruta de capital fijo no ha mantenido una trayectoria robusta y constante que permita recuperar brechas de infraestructura y capital productivo; en varios periodos, la inversión privada ha desacelerado, afectando la capacidad productiva y la formación de empleos de calidad.
¿Significa esto que el incremento de la deuda “ahoga” mecánicamente la inversión privada? La evidencia teórica y empírica señala que esa relación no es automática: el efecto de crowding out depende de cómo se financie la deuda (doméstica vs. externa), de si el gasto asociado es productivo y de las condiciones macroeconómicas y financieras. Estudios recientes y análisis internacionales subrayan que una deuda creciente puede trasladar riesgos a la inversión si eleva las tasas de interés reales, reduce la confianza y desvía recursos fiscales del gasto en inversión productiva hacia el pago de intereses.
La política pública, por tanto, enfrenta un doble reto técnico: restaurar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar la inversión pública productiva que complementa a la privada, y mejorar el entorno institucional que incentive la inversión privada en el largo plazo. Es una tarea de calibración: recortar déficits improductivos y priorizar gasto con alto retorno social y económico permitirá reducir vulnerabilidades y reactivar la inversión.
México no puede simultáneamente alimentar un déficit creciente y esperar que la inversión privada recupere su dinamismo sin señales claras de disciplina fiscal y proyectos públicos que realmente aumenten la productividad. La estabilidad fiscal es condición necesaria, no opcional, para una inversión sostenida que fomente las condiciones indispensables para el crecimiento de la economía nacional.
Jorge O. Moreno es doctor y maestro en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es Profesor e Investigador de la Facultad de Economía de la UANL. jorge.o.moreno@gmail.com
