Por Nohemí López
En medio de la creciente ola de inseguridad que asola los municipios de Nuevo León, los médicos residentes y pasantes enfrentan una disyuntiva inquietante: regresar a sus puestos en hospitales rurales o proteger su vida y mantenerse al margen.
En localidades como Zaragoza, Sabinas Hidalgo, Doctor Arroyo, Galeana, General Terán, Montemorelos y Mier y Noriega, entre otras, el temor ha alcanzado niveles tan extremos que decenas de residentes prefieren renunciar o posponer su regreso antes que arriesgarse.
La violencia en estas áreas no es un fenómeno nuevo, pero su recrudecimiento en los últimos meses ha convertido a los hospitales y centros de salud en un escenario de alto riesgo.
LAS AMENAZAS
Los testimonios de algunos de estos médicos van desde las amenazas directas por parte de grupos criminales, los robos a plena luz del día hasta la presión constante de trabajar bajo la sombra de la inseguridad. Algunos aseguran que incluso el simple hecho de portar una bata blanca los convierte en blancos visibles.
En esta situación se encuentran estudiantes de las principales universidades del estado, asignados a esas zonas para cumplir con su servicio social, requisito indispensable para graduarse.
LA PROMESA
Las autoridades de salud, conscientes de la situación, intentan ofrecer garantías de seguridad y soluciones, pero el problema sigue sin resolverse. Según declaraciones oficiales, se ha solicitado el apoyo de cuerpos de seguridad estatales y federales para proteger a los médicos, pero en la práctica, la presencia policial es intermitente y no siempre alcanza para cubrir todas las zonas en riesgo. Para muchos, la promesa de seguridad se ha quedado en palabras vacías.
En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ha intervenido, haciendo un llamado urgente para que el gobierno estatal tome acciones concretas.
A través de recomendaciones oficiales, la Comisión ha instado a las autoridades a fortalecer la seguridad en las zonas rurales y, en casos extremos, a considerar la reubicación de los médicos a lugares más seguros.
La presidenta de la Comisión, Susana Méndez Arellano, en una declaración reciente, expresó:
“No podemos permitir que quienes buscan salvar vidas arriesguen la suya. Esta es una responsabilidad del Estado”.
LA ISLA
La situación de Nuevo León no es aislada; se extiende a otros estados del país, como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, donde los médicos enfrentan peligros similares.
Las historias son de miedo y reflejan un sistema de salud cada vez más debilitado en las áreas rurales. Mientras la inseguridad avanza y los hospitales en zonas remotas se quedan vacíos, la demanda de soluciones concretas se hace cada vez más urgente.