Por Ludivina Villanueva
La Ley de Residuos Sólidos de Nuevo León aborda separación, reciclaje y disposición final. Es un avance necesario para ordenar lo cotidiano: la basura. Sin embargo, sigue ausente un tema clave: el estado real del suelo.
El problema ambiental no termina cuando pasa el camión recolector. La Ley no contempla inventario estatal de sitios contaminados, evaluaciones técnicas obligatorias, niveles de limpieza según uso del suelo ni auditorías independientes. Tampoco incorpora la valuación económica del daño, un fondo estatal de remediación, responsabilidades post‑cierre claras ni vinculación de permisos urbanos con evaluaciones ambientales previas.
En pocas palabras: se gestiona la basura, pero no el pasivo ambiental.
Hoy en Nuevo León se puede comprar un terreno, escriturarlo y desarrollar sin revisar su historia ambiental. El municipio valida compatibilidades urbanas, el notario documentos y el banco garantías. Pero casi nadie pregunta qué hubo antes: industrias, tanques enterrados, solventes o rellenos. El problema aparece después, cuando la inversión ya está hecha. El suelo también tiene valor. Y también tiene memoria.
Reconocerlo implica aceptar que el daño ambiental tiene costo, que no todo predio es “apto” y que existe minusvalía ambiental. Son temas incómodos porque mueven decisiones y recursos. La minusvalía ambiental significa que un terreno puede perder valor por contaminación previa, aunque sus documentos estén en regla.
Mientras el modelo público se concentre en recolectar y disponer residuos, sin trazabilidad técnica del suelo, los pasivos seguirán heredándose bajo esquemas legales incompletos. La ausencia de inspecciones y registros genera incertidumbre y traslada riesgos a quienes compran o desarrollan.
Como perita ambiental lo digo con claridad: medir contaminantes cuando el daño ya ocurrió no es gobernanza, es reacción. La prevención exige revisar la historia del sitio, inspecciones técnicas, muestreos dirigidos, modelos conceptuales y evaluación de riesgos antes de comprar o desarrollar. También implica auditorías independientes, criterios de limpieza según destino y responsabilidades respaldadas con garantías financieras.
El ambiente no se gestiona con buenas intenciones. Se gestiona con evidencia.
Ludivina Villanueva Alvizo es Perito Ambiental, Químico Farmacéutico Biólogo, licenciada en Derecho por la UANL y directora de Grupo DIECSA / ludivina@diecsa.com.mx
