Nohemí López
El flujo migratorio hacia Nuevo León ha traído consigo un fenómeno preocupante: la normalización del trabajo infantil. Aunque esta práctica está prohibida por la ley para menores de 15 años, muchas familias migrantes ven como algo natural que los menores contribuyan económicamente al hogar. Este escenario ha evidenciado los retos que enfrenta el estado para erradicar una problemática que, lejos de disminuir, parece estar ganando terreno.
UNA REALIDAD CULTURAL EN TRANSFORMACIÓN
Alan Yakov Hernández, experto en derechos de la niñez y director de Intervención y Formación Familiar Comunitaria del DIF Nuevo León, destaca que uno de los principales retos en la lucha contra el trabajo infantil es la percepción cultural que traen consigo algunas familias migrantes.
“Vienen de contextos donde el trabajo infantil no solo es aceptado, sino valorado como un medio para que los niños adquieran responsabilidades desde temprana edad. Esto complica el proceso de sensibilización, ya que para ellos la idea de que los menores deben estudiar y no trabajar no es parte de su realidad”, afirma Hernández.
Nuevo León ha sido un polo de atracción para familias provenientes de otros estados y países debido a su desarrollo económico, lo que ha resultado en un crecimiento poblacional significativo. Sin embargo, junto con este crecimiento, han llegado costumbres y prácticas que chocan con la legislación y los valores locales, en especial en temas relacionados con los derechos de la infancia. La migración, según Hernández, se convierte en un factor determinante en la expansión del trabajo infantil.
NORMALIZACIÓN, UN OBSTÁCULO
La cultura laboral arraigada en algunas comunidades migrantes genera un ambiente donde el trabajo infantil se vuelve invisible para muchos. “No es raro ver a niños trabajando en tienditas familiares, vendiendo en la calle o ayudando en el campo, actividades que en sus lugares de origen son vistas como parte del desarrollo natural de los menores”, expone Hernández.
Esta visión contrasta con la normativa estatal y federal que prohíbe cualquier forma de trabajo infantil en menores de 15 años, especialmente aquellas que afectan el desarrollo integral de los menores. Pese a los esfuerzos de las autoridades, la práctica persiste, alimentada por la situación económica de muchas familias y la percepción de que el trabajo temprano es una vía hacia la estabilidad.
SENSIBILIZAR Y REEDUCAR
Frente a esta situación, el Programa Atención y Prevención del Trabajo Infantil (PAPTI) ha sido reestructurado para hacer frente a los desafíos que presenta la migración y la diversidad cultural. Hernández detalla que la nueva estrategia se enfoca en sensibilizar a las comunidades migrantes, explicando no solo la ilegalidad del trabajo infantil, sino también los daños que este causa en el desarrollo físico y emocional de los menores.
“De pronto era normal que el primogénito tuviera que abandonar la educación, a veces incluso la primaria, para ayudarle al papá en el taller mecánico, en la tiendita, en el mercado para llevar el sustento a sus otros hermanitos”.
“Como ciudadanía estábamos cegados ante estas situaciones. Nunca nos preguntamos si ese niño va a la escuela, si come bien; estos niños son sumamente invisibilizados. No estamos como ciudadanos sensibles a esta situación y eso es lo que buscamos”, añade.
“Es un trabajo que requiere tiempo, pero lo esencial es que las familias comprendan que el mejor futuro para sus hijos no está en un empleo prematuro, sino en la educación y el desarrollo integral”, puntualiza.
Además, el programa busca generar alianzas con organizaciones civiles y empresas para crear entornos seguros y libres de explotación infantil, donde los menores puedan disfrutar de sus derechos y acceder a oportunidades educativas. Se trata de una lucha compleja que demanda un cambio de mentalidad profundo, tanto en la población migrante como en la sociedad en general, que también ha normalizado estas prácticas.
ATENCIÓN URGENTE
La problemática del trabajo infantil en Nuevo León refleja una realidad que va más allá de las leyes y políticas públicas: es un tema que tiene sus raíces en la cultura y las necesidades económicas de las familias migrantes. Romper con esta normalización requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y las propias comunidades migrantes. Solo así se podrá garantizar que los derechos de los niños sean protegidos y que su futuro esté centrado en la educación y no en el trabajo.
