Mario Alberto Palacios
El director del Sistema Estatal de Radio y Televisión, el cual opera el Canal 28, Osvaldo Antonio Robles López, prácticamente se ha desaparecido después de que se le vinculó por presuntamente desviar recursos públicos en favor de proveedores y empresas fantasmas.
Además, el ahora indiciado también fue acusado de ser parte de la red de funcionarios estatales que recabaron de manera ilegal firmas de ciudadanos en favor de la candidatura presidencial de quien fuera su jefe, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón en el 2017, delito por el cual no se sancionó, destituyó o encarceló a persona alguna pese a existir pruebas contundentes.
De manera paradójica, Robles López fue uno de los servidores públicos acusados por el entonces senador de la república y hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, de haber usado recursos humanos, económicos y materiales, en ese caso del Canal 28, para impulsar la fallida postulación del gobernador independiente.
El 4 de octubre del 2021, García Sepúlveda ratificó en el cargo al hoy indiciado Osvaldo Robles.
El ex periodista del periódico El Norte está vinculado a proceso por un juez de control del Poder Judicial de Nuevo León, bajo el cargo de entregar casi 90 millones de pesos a una empresa que resultó “fantasma”.
La empresa Telerma fue supuestamente contratada para el servicio de diseño de imagen del canal, mismo caso que involucra a Glen Villarreal, ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal y ex candidato a diputado local por Movimiento Ciudadano.
El director del Canal 28 tiene por lo menos 15 días que no acude a su trabajo con el pretexto de estar atendiendo asuntos personales. Y sí, Osvaldo ‘N’ recibió cierto tiempo para conformar su defensa en la vinculación a proceso que se le dictó por el juez de control.
De acuerdo a la carpeta judicial 9651/2024, se establece que el investigado es Osvaldo Antonio Robles López. La vinculación es por el ejercicio ilícito de servicio público, dictándose una serie de medidas cautelares:
“Fracciones I, V y X del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica cada cinco semanas los días jueves y la prohibición de salir sin autorización del país.
Además, se dictó “la suspensión temporal en el ejercicio de su cargo como director general del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León”, informó el Poder Judicial.
