Mario Alberto Palacios
Monterrey, NL.- Con la ratificación que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al decreto de ampliación del área protegida de la Sierra de Picachos, las inversiones productivas que respeten el medio ambiente así como la ganadería y la agricultura, saldrán beneficiadas consideró el empresario Homero Ramones Zambrano.
Con una serie de negocios en diversos ramos en el municipio de Doctor González, Ramones Zambrano ha formado parte desde hace años del colectivo de ciudadanos y organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Sierra de Picachos, que han pugnado por defender a este ecosistema del riesgo de ser dañado por actividades económicas nocivas.
Por eso este jueves Homero Ramones se sumó a la celebración del fallo favorable del máximo tribunal de justicia del país, que declaró improcedente la controversia constitucional que impugnaba el decreto de ampliación de la zona protegida en más de 100 mil hectáreas.
“Esta resolución de la Corte refuerza el compromiso para definir un desarrollo controlado de las actividades que han realizado por muchos años los habitantes de esa región, siempre apegadas a las tradiciones, usos y costumbres, cuidando de conservar el medio ambiente”.
Ramones Zambrano resaltó que el decreto no pretende afectar la vida de las personas, sino por el contrario fortalecer el cuidado de las áreas naturales y evitar sus afectaciones.
“Nos vemos beneficiados porque al final de cuentas lo que tratamos de hacer es protege los pulmones de Monterrey. De Nuevo León y Monterrey. Que sigan siendo pulmones, y así tratar de evitar que todas las zonas se contaminen.
“El estar en una zona que actualmente no está contaminada y que protege un buen desarrollo ordenado, eso nos beneficia”, recalcó.
Tampoco el decreto afecta a los ganaderos ni a quienes viven de esta actividad, como se ha mal informado, debido a que todo sigue igual, y se busca que las condiciones mejoren para todos.
“Definitivamente el decreto no afecta a los ganaderos ni los usos que vienen desarrollando por muchas décadas.
“Todo sigue igual. La gente, a lo menor, está un poquito mal enterada en que piensan que el que sea una área natural protegida ya no se puede hacer absolutamente nada, y no es así, al contrario, es solamente tener un orden jurídico”, subrayó.
Informó que se trabaja ya en el plan de conservación y desarrollo y que ya elaborado, debe ser acatado por todos, incluidas las autoridades de los tres niveles de gobierno y empresarios.
“Ya se está trabajando en la parte del decreto, como se va a manejar y es tener un ordenamiento jurídico para que siga siendo y funcionando como una área que genera carbono y que eso no purifica el aire”, concluyó.
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