Por Mario Alberto Palacios
Con una ciudadanía ajena y apática ante un proceso electoral que no entiende y en el que los candidatos son desconocidos para la mayoría, Morena y la Presidencia de la República se aprestan a controlar, a partir de junio, el Poder Judicial.
Apoyada por las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en las cámaras de Senadores y Diputados —las cuales tienen mayoría frente a una incipiente oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se prepara desde ahora para detentar el poder absoluto en México.
La mandataria verá cumplido en su sexenio el sueño anhelado de su antecesor y padrino político, Andrés Manuel López Obrador: lograr tener bajo su dominio los tres poderes que conforman el sistema de gobierno mexicano: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Aunque la división de poderes establecida en la Constitución Política federal de 1917 se diseñó para impedir que una sola persona controlara la nación, como ocurrió durante las dictaduras de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, analistas políticos y jurídicos —mexicanos y extranjeros— consideran que la reforma al Poder Judicial, disfrazada de elección, abrirá la puerta a una nueva forma de dictadura.
Ya hay señales de ello: Roberto Gil Zuarth, abogado y analista político, denunció “mano negra” en la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para elegir a los finalistas de la elección judicial, favoreciendo la participación de candidatos con vínculos cercanos a Morena, al expresidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum.
“Esta reforma tiene los dados cargados; la elección está prácticamente decantada en cuanto a sus resultados”, afirmó Gil Zuarth, quien participó en la fase inicial del proceso para documentar sus fallas y, al final, fue excluido.
A pesar de que la Constitución exige que la tómbola incluya 90 nombres, en la Cámara de Diputados solo se sortearon 39, de los cuales 27 resultaron seleccionados. De estos, 16 tienen nexos directos con Morena o con figuras clave de la administración actual.
UNA ELECCIÓN DESCONOCIDA PARA LOS MEXICANOS
De acuerdo con diversas encuestas de opinión elaboradas por la UNAM, medios de comunicación e incluso el mismo Instituto Nacional Electoral, el 85 % de los mexicanos desconoce que el 1 de junio próximo habrá una nueva elección en México.
Incluso, estas investigaciones sociales son más críticas: el 90 % de los encuestados desconoce por quién va a votar y, sobre todo, para qué se realiza el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
La potencial participación de ciudadanos en este ejercicio inédito en México es desalentadora: apenas entre el 15 y 17 % de la lista nominal de electores, que asciende a 100 millones 184 mil 793 empadronados.
En términos simples, el Instituto Nacional Electoral espera que acudan a las urnas poco más de 17 millones de mexicanos, cifra muy lejana a los 60 millones 115 mil 184 que participaron en la elección presidencial de 2024.
Y peor aún: para la elección de los futuros jueces, el INE instalará en todo el país apenas la mitad de las 172 mil casillas que operaron en los comicios del 2 de junio pasado, debido a que el Congreso de la Unión le recortó más de 13 mil millones de pesos de su presupuesto.
Apenas le alcanzarán los recursos para contratar a 25 mil de los 50 mil colaboradores denominados supervisores electorales, capacitadores y asistentes, lo que obligará a que en una casilla voten hasta mil 500 personas, cuando lo previsto eran 750.
No hay que temerle al cambio
Napoleón Nevárez Treviño, magistrado en funciones, mencionó que la apatía será el enemigo para vencer en la Elección Extraordinaria del Poder Judicial de la Federación.
“El reto ante la reforma judicial es mantenerse activos y no ser solo espectadores en esta elección inédita del Poder Judicial (…) lejos de cuestionarse si esto representa un retroceso a la autonomía del Poder Judicial, la elección es una oportunidad para que la población ejerza su voto libremente”, sin simulaciones, y se mantenga atenta a los perfiles de los candidatos para combatir el nepotismo y las componendas que han perjudicado la administración de justicia en México.
El experto recalcó que se trata de un cambio muy radical, pero que ahora existe la posibilidad de participar en estos procesos para elegir a los juzgadores, quienes antes estaban bajo el control de un grupo reducido, encabezado por un ministro presidente y los miembros de la Judicatura, manipulados por el Poder Ejecutivo y Legislativo y supeditados a los intereses de los partidos políticos mayoritarios.
“El peor de los escenarios para los mexicanos es la simulación aunada a la apatía. Los colegios, fundaciones y asociaciones de la abogacía tienen la encomienda de participar activamente, para que sea la sociedad en su mayoría quien elija a los jueces y magistrados”, puntualizó.
LOS RETOS Y OPORTUNIDADES
El riesgo de que el amparo deje de ser eficaz en la solución de conflictos, el freno al avance en la protección de los derechos humanos y la posible politización del Poder Judicial son algunos de los retos que traerá la reforma, advirtió Alberto Abad Suárez Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A unos días de que se renueven magistrados y ministros, el especialista destacó que uno de los mayores riesgos es la pérdida de efectividad del amparo como recurso para resolver conflictos entre el poder económico y el Estado.
“El amparo ha sido eficiente durante 160 años (…) necesitamos jueces y magistrados capacitados; no es malo que el poder económico recurra al amparo, de hecho, es mejor que resolvamos en un juicio a que vaya a reunirse en lo oscurito con el representante público, porque entonces no sabríamos qué ocurrió”.
Otro reto es la falta de preparación de los nuevos jueces y magistrados, lo que debilitaría la carrera judicial. Asimismo, alertó sobre un posible retroceso en la protección de los derechos humanos y la independencia de la SCJN.
A pesar de los riesgos, Suárez Ávila reconoció que esta reforma podría generar oportunidades.
“Por primera vez, la ciudadanía tendrá injerencia en la designación de ministros de la Suprema Corte, lo que antes solo dependía del presidente en turno”, destacó.
Otro aspecto positivo es que, si el proceso electoral es transparente, podría fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.
“Si esta reforma logra que los ciudadanos confíen más en los tribunales, será positiva; de lo contrario, su impacto será limitado”, indicó el investigador.
Jaque al poder judicial
IMPLICACIONES DE LA REFORMA
-El 1 de junio de 2025, los ciudadanos votarán por 881 cargos judiciales.
-Se busca mayor transparencia y acceso a la justicia.
-Expertos prevén riesgos de politización e influencia externa.
-Reducción de ministros y creación de nuevos órganos
-La Suprema Corte pasará de 11 a 9 ministros.
-Se creará el Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar jueces.
-Críticos temen una concentración de poder en el Ejecutivo.
-Los jueces deberán hacer campañas políticas por primera vez.
-Se prevé un reto logístico en el Instituto Nacional Electoral (INE).
¿QUIÉNES SE REESTRUCTURÁN?
-Suprema Corte de Justicia de la Nación.
-Sala Superior del Tribunal Electoral.
-Tribunal de Disciplina Judicial.
-Salas Regionales del Tribunal Electoral.
-Magistradas y magistrados de circuito.
-Jueces y juezas de distrito.
