Por Sonia Coronado
Con el objetivo de fortalecer la confianza en la justicia, garantizar la independencia judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartir justicia, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales e instituciones académicas presentaron en el Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial del estado.
La propuesta surge en el contexto del nuevo modelo que contempla la elección de jueces mediante voto ciudadano a partir de 2027 y plantea mecanismos para asegurar que este proceso se realice con reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad. Entre los puntos centrales se incluye la evaluación técnico-jurídica obligatoria para candidatos, requisitos más estrictos de perfil y la prohibición de financiamiento público o privado en campañas judiciales.
Otro eje de la iniciativa es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con separación de funciones de investigación, resolución y revisión, lo que busca evitar concentraciones de poder y garantizar el debido proceso. Los promoventes subrayaron que la calidad de la justicia impacta directamente en la vida de las personas, desde casos de violencia familiar hasta la certeza jurídica necesaria para la inversión y el empleo.
La propuesta está respaldada por organizaciones como Caintra, Coparmex, Canaco, Canadevi y Anade, además de universidades y asociaciones civiles, quienes coincidieron en que una justicia confiable es fundamental para el Estado de derecho y para el desarrollo económico y social de Nuevo León.
