Por Nohemí López
El Ejecutivo del estado de Nuevo León observó irregularidades en el proceso de selección de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), acusando al Congreso local de incumplir la Constitución estatal y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre las principales faltas señaladas están la omisión de una consulta pública transparente y la aprobación del nombramiento sin alcanzar las dos terceras partes del voto de los legisladores, como lo exige la normativa.
Según el Gobierno estatal, la consulta pública tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana, permitir la comparativa de distintos perfiles y seleccionar al mejor candidato para el cargo. No obstante, el Congreso habría optado por un proceso “fast track”, un esquema apresurado que no se había aplicado en procesos anteriores y que, según algunos diputados, representa una violación a la legalidad y transparencia del procedimiento.
En respuesta, Susana Méndez Arellano, ratificada por el Congreso para continuar como presidenta de la CEDHNL durante cuatro años más, lamentó las observaciones realizadas por el Ejecutivo estatal. La ombudsperson defendió la validez del acto legislativo y destacó los logros de su gestión, entre los que resalta el liderazgo nacional en la recepción y atención de quejas ciudadanas.
Méndez Arellano reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, asegurando que su labor ha sido respaldada por organizaciones de la sociedad civil y autoridades comprometidas con el respeto a los derechos fundamentales. “Nuestro enfoque seguirá siendo garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se presenten”, declaró.
