Por Staff
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México se encuentra en la antesala de una decisión crítica. En el Paquete Económico 2026 se contempla ampliar el IEPS para que aplique también a bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías. Esta propuesta ha desatado una discusión pública intensa: voces que la respaldan, el gobierno federal y ONG apoyadas por fuentes internacionales, argumentan una estrategia de salud; sus detractores piden que prevalezca el rigor científico, no las presiones políticas.
En este debate confluyen múltiples factores: la necesidad de recursos fiscales para el Estado, la urgencia de combatir enfermedades como la obesidad y la diabetes, y la sospecha de que algunos actores externos buscan imponer políticas en México desde filantropías extranjeras.
LA INTERFERENCIA
Un capítulo clave en esta controversia es el señalamiento de que la ONG El Poder del Consumidor, promotora histórica de regulaciones alimentarias, ha recibido financiamiento de la Fundación Bloomberg. Con ello, funcionarios del pasado gobierno y ciertas ONG habrían colaborado para impulsar impuestos, etiquetado frontal y campañas contra alimentos ultraprocesados. Este señalamiento refuerza una crítica central: cuando las políticas de salud pública están atadas a intereses internacionales, el riesgo es perder soberanía técnica.
CIENCIA CON ROSTRO
En una reunión reciente con especialistas en salud y regulación alimentaria, se pronunciaron con claridad quienes reclaman que cualquier iniciativa fiscal sobre bebidas con edulcorantes debe sustentarse en datos verificables, no en percepciones políticas. El endocrinólogo Hugo Laviada, investigador especializado en metabolismo y diabetes, advirtió que un impuesto de este tipo “podría enviar un mensaje confuso a la población”, haciéndole creer que los edulcorantes son dañinos, pese a que la evidencia internacional demuestra su seguridad.
En la misma línea, Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), señaló que lo necesario no son más cargas fiscales, sino políticas públicas construidas sobre evidencia, educación nutricional y diálogo técnico entre todos los sectores. Por su parte, Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), subrayó que un nuevo impuesto “afectaría la innovación en productos con menor contenido calórico” y trasladaría costos a toda la cadena productiva, justo cuando México debería fomentar alternativas más saludables.
Estos especialistas coinciden en que los edulcorantes avalados por organismos como la OMS, la FAO y la FDA son seguros dentro de los límites recomendados, y que su uso contribuye a reducir el consumo de azúcar y calorías en dietas más amplias.
ENTRE LA EVIDENCIA Y LAS PRESIONES
La retórica política suele ser convincente: más recursos fiscales, mayor control, mensaje de “protección a la salud”. Pero esas metas pueden entrar en tensión con una base técnica débil. Cuando se legisla sin evidencia, o peor, con intereses externos detrás, el riesgo es que la política pública se convierta en un instrumento de legitimación, no de transformación.
Los impuestos podrían tener sentido si se aplican con cautela, mediante estudios piloto, mecanismos de evaluación continua y participación de científicos independientes. Pero si se imponen desde la conveniencia política o bajo el dictado de agendas externas, se corre el riesgo de confundir al público, desincentivar la innovación y debilitar la legitimidad del sistema de salud.
Porque un país que toma decisiones fiscales de salud basadas en percepciones o presiones está apostando más a la simulación del bien público que a su ejercicio real.
